CÓD.N06-S11-05 ONLINE

Acceso a internet como servicio esencial en zonas rurales: retos y nuevas técnicas de intervención administrativa en la provisión de Servicios de Interés Económico General (SIEG)

En una sociedad marcada por los avances tecnológicos y la interconexión continua, el acceso a internet constituye uno de los servicios imprescindibles e irrenunciables para el pleno desarrollo en condiciones de igualdad de la ciudadanía y para el refuerzo de la cohesión social, económica y territorial por diversos motivos, entre ellos, por la previsión establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (art. 14) en relación con la obligatoriedad de relacionarse telemáticamente con las Administraciones Públicas. Otro de los motivos es el acceso a los innumerables servicios de carácter privado, determinantes del desarrollo personal y profesional en condiciones de plena libertad e igualdad (y catalizador del desarrollo económico de las regiones), que deben garantizarse a todo ciudadano removiendo los obstáculos que impidan su consecución (art. 9 CE).

En este supuesto, el acceso a este servicio se convierte en “indispensable para la realización y desarrollo de la interdependencia social”—apreciación realizada por Duguit acerca del concepto tradicional de servicio público—. Este concepto ha derivado al término comunitario de Servicio de Interés Económico General (SIEG), en tanto en cuanto la provisión de servicios de telecomunicaciones se encuentra en un entorno liberalizado. De este modo, aunque el concepto tradicional de servicio público no se adecúa a nuestros días por su excesiva vinculación con un régimen excluyente y exorbitado de Derecho Público, sus notas características siguen estando vigentes a la hora de considerar un servicio como “esencial” para la ciudadanía. En este sentido, el acceso a internet cumpliría con todas las premisas de consideración de SIEG: la esencialidad del servicio y la existencia de una suerte de principio de subsidiariedad que propugna que en la medida en que el mercado no pueda proveer estos servicios, serán las autoridades públicas las que se encarguen de su “regulación, aseguramiento o control” (art. 128.2 CE, arts. 14, 106.2, 26.2, 56 a 62 TFUE, art. 36 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y Protocolo nº 26  sobre SIG del TUE y TFUE), principio aplicable al ámbito rural, donde se genera una brecha digital indiscutible.

Así, las instituciones comunitarias regularon esta intervención a través de técnicas jurídico-administrativas establecidas ad hoc para cada sector, desde la tradicional y residual publicatio (art. 128.2 CE) hasta la imposición de obligaciones de servicio público o universal, siendo esta última la técnica aplicada a la provisión de servicios de telecomunicaciones. No obstante, a la luz de las deficiencias existentes, y a pesar de su regulación a través de la Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2018 por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones y la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, y puesto que es evidente que no existe un acceso en condiciones de igualdad de todos los ciudadanos a este SIEG, se debe proceder a replantearse la adecuación de esta técnica y a plantear alternativas a este caso concreto, que demanda una solución temprana en aras de la cohesión social y territorial consagradas como objetivos principales de las políticas europeas.

 

Palabras clave

Administraciones públicas brecha digital Internet Regulación económica

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Paula María Tomé Domínguez

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