CÓD.N06-S17-03 ONLINE

El lenguaje jurídico en las acciones de la Defensoría del Pueblo desarrolladas durante los últimos años

Según la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, la institución tiene encomendada la defensa de los derechos del Título I de la Constitución. Los estudios que se detienen su actividad suelen centrar la atención en cuestiones de justicia material, pero los análisis sobre los aspectos formales no son prolíficos. Este trabajo pretende ser una aportación en este último contexto, si bien el ámbito de estudio queda acotado en un doble sentido. Por una parte, desde la perspectiva del contenido el trabajo centra principalmente la atención en las acciones de la institución que reparan en el lenguaje jurídico. Por este último entendemos el lenguaje de normas de diferente rango, y también el de textos resolutivos. Por otra parte, desde la perspectiva cronológica el estudio considera las acciones de los últimos años.

En el marco del planteamiento anterior, el trabajo se presenta con los siguientes objetivos: localizar acciones de la Defensoría del pueblo en las que se consideren aspectos relativos al lenguaje jurídico, analizar los problemas de tipo lingüístico diagnosticados en aquellas, y considerar las recomendaciones y solicitudes que presenta la institución para dar soluciones, proponiendo por nuestra parte posibles cauces que puedan contribuir a su pragmatismo.

Desde el punto de vista de la metodología, el trabajo se basa principalmente en la documentación alojada en la web de la Defensoría del Pueblo estatal. Las acciones de la institución se plantean en torno a un esquema que contempla los problemas lingüísticos detectados por aquella, y que marca un desarrollo que pretende ofrecer una muestra cuantitativa y cualitativa de la labor analizada.

En cuanto a los resultados obtenidos, este trabajo confirma que las acciones de la Defensoría del Pueblo reparan en numerosas ocasiones en problemas del lenguaje jurídico. Sus consideraciones inciden en aspectos como la ambigüedad, la redacción confusa, la vaguedad, la enumeración numerus clausus, la complejidad y la ilegibilidad. El alcance de las recomendaciones y solicitudes también es considerable: modificaciones normativas, elaboración de definiciones, planteamiento de instrucciones clarificativas, recurso a la vaguedad lingüística (cuando el problema trae causa de una enumeración numerus clausus), uso de un lenguaje sencillo, y utilización de recursos que proporcionen textos legibles para personas invidentes.

El calado de los resultados constatados invita a plantear un análisis sobre posibles referencias normativas, que puedan fundamentar la toma en consideración de la labor de la institución en el marco de la evaluación ex post. En el trabajo se bosquejan algunas opciones en tal sentido.

De la relación de conclusiones cabría destacar que la labor de la institución centrada en los aspectos considerados contribuye a visibilizar diferentes problemas del lenguaje jurídico, evidenciados con la puesta en práctica de las disposiciones. Además, supone una aportación a su solución mediante diferentes recursos, cuya consideración puede ser de utilidad en el marco de la evaluación ex post. Con ello se promociona la seguridad jurídica, pero también el reconocimiento y correcto ejercicio de derechos de colectivos que, en numerosos casos, se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.

Palabras clave

ambigüedad Defensoría del Pueblo lenguaje jurídico sencillez vaguedad

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Hay 6 comentarios en esta ponencia

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      José Torres Álvarez

      Comentó el 10/12/2020 a las 23:54:56

      Estimado Fernando:

      En primer lugar, quisiera felicitarte por tu intervención. En segundo lugar, me gustaría preguntar si sería posible complementar el presente trabajo con la percepción de los ciudadanos. Se sabe que la Defensoría del pueblo realiza una serie de recomendaciones para clarificar el lenguaje jurídico: ¿considerarías realizar un estudio comparativo donde se evidencie, de manera objetiva, si estas acciones promocionan una mejor comprensión del lenguaje jurídico? En otras palabras: ¿considerarías realizar un estudio en el que se evidenciara si la recepción de un texto jurídico y la versión basada en las recomendaciones de la Defensoría del pueblo conllevan una mayor comprensión por parte del ciudadano lego en Derecho? Si fuera así, ¿qué metodología propondrías para recoger estas evidencias?

      Un saludo,

      José Torres

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        Fernando Centenera Sánchez-Seco

        Comentó el 11/12/2020 a las 12:10:24

        Gracias por escribir José. En principio (la cuestión requeriría una reflexión más detenida) entiendo que la opción que propones podría tener sentido. La metodología a seguir sería la comparativa, presentándose a propósito de ella, como apuntas, el texto inicial sobre el que incide la Defensoría del Pueblo, y el texto con las modificaciones realizadas. Pienso que un estudio de estas características podría implementarse mediante encuestas dirigidas a una muestra representativa, en la medida de los medios disponibles, de la audiencia a la que vaya dirigida la norma o normas con las que se pretenda trabajar.
        No obstante, considero que podrían darse algunas complicaciones, más allá de la financiación que necesariamente debería obtenerse, si bien un planteamiento a largo plazo podría hacer viable la cuestión. Las complicaciones a las que me refiero, y que podrían condicionar la viabilidad son, por ejemplo, que no siempre las recomendaciones y solicitudes de la institución se atienden como fuera deseable, y que en ocasiones el tiempo de respuesta a aquellas se prolonga excesivamente.
        Saludos,
        Fernando

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      Regina Ingrid Díaz Tolosa

      Comentó el 10/12/2020 a las 22:02:19

      Gracias Fernando por la presentación. ¿Podría el formato de la entrega de la información coadyuvar a la comunicación de los derechos, además del lenguaje claro y accesible? ¿qué opinas de las cartillas informativas? ¿Videos de sensibilización? ¿Qué formato crees más idóneo para alcanzar al ciudadano común en temáticas cuyo contenido sea altamente técnico en el uso del lenguaje jurídico?

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        Fernando Centenera Sánchez-Seco

        Comentó el 11/12/2020 a las 11:08:51

        Gracias por escribir Regina. En relación a la primera cuestión que planteas, en mi opinión el formato también es un aspecto que debe cuidarse. En relación a ello, a modo de ejemplo podría referirme al del Boletín Oficial del Estado en España, que hace algún tiempo cambió el formato, sustituyendo dos columnas de texto por una, o dando mayor extensión a los márgenes de las páginas. El nuevo formato me parece que contribuye a una lectura más clara.
        En relación a las opciones que consideras a continuación, hace algún tiempo me referí a propuestas de ese tipo, aunque a propósito de la promulgación normativa y de forma muy breve; concretamente, a los programas Simplegis (Portugal), Ley Fácil (Chile), o determinadas prácticas de la Radio Camara de la Câmara dos Deputados (Brasil) (por si te interesase, el trabajo está en: Centenera Sánchez-Seco, Fernando, “La promulgación de las normas en el pensamiento de Lon F. Fuller: una lectura a propósito del ordenamiento jurídico actual”, Dereito. Revista Xurídica de Santiago de Compostela https://revistas.usc.gal/index.php/dereito/article/view/3047). Me parece que los recursos en cuestión pueden ser una aportación para acercar la normativa a la ciudadanía, para su conocimiento y comprensión. Sin embargo, modestamente entiendo que su alcance es parcial, pues el fenómeno jurídico es complejo; la norma se crea, pero también se interpreta y aplica. De este modo, el hecho de que, por ejemplo, una norma no contemple una circunstancia concreta, no quiere decir necesariamente que no vaya a quedar afectada por la disposición, pues podría aplicarse a aquella, en su caso, recurriendo al argumento de analogía (sobre esta cuestión Iturralde Sesma, Victoria, “Consideración crítica del principio de permisión según el cual «lo no prohibido está permitido»”, Anuario de Filosofía del Derecho, n. 15, 1998). Entiendo que los recursos que venimos considerando difícilmente podrían alcanzar a este tipo de cuestiones.
        Finalmente, en relación a la última cuestión que planteas, en mi opinión una posible solución, hoy ya en práctica, es habilitar un cuerpo de funcionariado encargado de resolver posibles dudas sobre el lenguaje jurídico, e incluso con funciones de asesoramiento para, por ejemplo, la presentación del impuesto de la renta.
        Saludos,
        Fernando

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      Carlos Ruz Saldívar

      Comentó el 10/12/2020 a las 21:21:15

      Felicidades por la ponencia, entiendo que propones el uso de términos simples y medios para personas con debilidad visual, con lo que se facilitaría que cualquier persona entienda, el lenguaje jurídico, pero creo que es un reto y presupone una resistencia para los operadores jurídicos ¿compartes la idea?.
      Saludos desde México

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        Fernando Centenera Sánchez-Seco

        Comentó el 11/12/2020 a las 11:19:47

        Gracias por escribir Carlos. La cuestión de la accesibilidad de personas invidentes al lenguaje jurídico se contextualiza en una acción de la Defensoría del Pueblo referida a un contrato. En mi opinión, tanto en este caso, como si hablamos de otras normas de diferente rango, debe garantizarse la accesibilidad de personas invidentes a las mismas. No veo razones para que no pueda ser así, y sí muchas a favor de ello; tanto desde el punto de vista de la justicia, como desde el meramente técnico.

        Por otra parte, en relación al uso de términos simples, podríamos recordar voces como la de Bentham, que solicitaban normas que fueran entendibles para todas las personas. Hoy, a mi modesto entender, aquella aspiración de la Ilustración no es posible en muchos casos, pues el lenguaje jurídico, como sabemos, tiene una parte técnica, y probablemente el intento de simplificarla redundaría negativamente en la brevedad o precisión que también precisa el lenguaje jurídico (por si le interesase, hace algún tiempo me referí a conflictos de este tipo en Centenera Sánchez-Seco, Fernando, “Los criterios lingüísticos de las directrices de técnica normativa: una propuesta para la solución de enfrentamientos entre principios”, Revista de Llengua i Dret, n. 58, 2012, en http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rld/article/view/111/n58-centenera-es.pdf).

        Por supuesto, lo anterior no impide defender que deben evitarse construcciones y fórmulas innecesarias, que a lo único que contribuyen es a promover un lenguaje jurídico oscuro y enrevesado. Del mismo modo, lo dicho tampoco obsta para reclamar (y este es el caso en el que incide la Defensoría del Pueblo en la ponencia que presento) la sencillez en el lenguaje que ha de utilizar la Administración, mediante, por ejemplo, vía de resolución, a la hora de dirigirse a las personas a título individual.
        Saludos,
        Fernando

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