CÓD.N07-S04-19 ONLINE

LA INCIDENCIA DE LAS POLÍTICAS SOCIALES DE LA FAMILIA EN LOS DERECHOS DE LA MUJER

INTRODUCCIÓN

El Estado debe asegurar y promover la iniciativa de la familia y el ejercicio de sus derechos y deberes, al igual que los de sus integrantes entre los cuales se encuentran las mujeres, existiendo una incidencia clara entre unos y otros desde la óptica de la complementariedad.

Se observa que la Administración pública suele ser la gran realizadora de la política social pero, desde hace algún tiempo, las necesidades cada vez más abundantes y la desproporción de los recursos, en un mundo globalizado a la vez que fragmentado, donde las formas de vida familiar son muy diversas, inducen a cambios sustanciales que ayuden a un replanteamiento de la política familiar, barajando principios de solidaridad e igualdad valorados según el grado de libertad que posibiliten, promoviendo la participación y la vinculación de las familias en los aspectos sociales que les afectan como sujetos de servicios primarios y como sujetos activos y transaccionales (Donati, P., “I diritti-doveri dei mondi vitali: l´Europa delle famiglie”, Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto, n.º 1, 1990, pp. 53 y ss.).

DISCUSIÓN

En la relación Estado-familia existen diversas posturas sobre cuál ha de ser la actuación del Estado como núcleo del debate. Los modelos jurídicos quedan reducidos a la realización de ideologías definidas en conexión con la tradición política de cada zona: a) Modelo social-demócrata; b) modelo corporativista; c) modelo sudeuropeo o católico; y d) modelo británico. Por lo que los tipos regulados se inscriben en los modelos de “mercado liberal”, que solo mantiene el statu quo; “liberal progresista”, que otorga un nivel básico de previsión, sobre todo en el mantenimiento de ingresos; e “institucional de bienestar”, equivalente al sistema federal del gobierno de los Estados Unidos (Botella, J., “La opinión pública ante el “Welfare State” ¿oferta o demanda?”, en S. Giner y S. Sarasa edtrs., Buen gobierno y política social, Barcelona, Ariel, 1997, p. 195). Así las cosas, según sea la política social de la familia que se aplique los derechos de la mujer serán más efectivos y reales o menos.

CONCLUSIÓN

La actuación de las políticas públicas de la familia expuestas deben modernizarse y mejorar constantemente, ya que las demandas son en muchos casos excesivas e imposibles de cubrir; y dada la problemática a la hora de determinar al titular de la acción cooperativa del Estado, la toma de decisiones se hace cada vez más compleja.

Bajo estas directrices, se debe abogar por un nuevo modelo por el que la familia seguiría siendo la destinataria de las ayudas, pero su implicación en el desarrollo del servicio público sería mucho mayor, quedando inserto en una acción diferenciadora y equilibradora de todos los tipos de cooperación concurrentes, con el fin de llegar a obtener un fórmula armonizadora entre los miembros de la familia que no solapen sus derechos en beneficio del hombre y en detrimento de la mujer (Donati, P., “I diritti-doveri dei mondi vitali: l´Europa delle famiglie”, Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto, n.º 1, 1990, pp. 51-81; Eekelaar, J., “Uncovering Social Obligations: Family law and the Responsible Citizen”, en M. Maclean edtr., Making Law for Families, Oxford, The Oñati International Institute for the Sociology of Law/Hart, 2000, pp. 9-28).

 

Palabras clave

Derechos de la mujer. Familia políticas públicas

Firmantes

Los autores de la ponencia

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M. Isabel Garrido Gómez

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