CÓD.N06-S17-13 ONLINE

La judicialización del derecho humano a la educación inclusiva para un menor con Trastorno de Espectro Autista en México.

Introducción

La educación es un proceso que –en general– pretende el desarrollo equitativo de la sociedad y –en particular– el de cada individuo. Es un derecho para todos, con mayor relevancia para quien se encuentra en desventaja por su condición, como los menores con Trastorno de Espectro Autista (TEA) quienes, en muchas ocasiones, pese a los esfuerzos de los docentes y directivos de escuelas para favorecer su inclusión, no reciben atención adecuada ni especializada, teniendo como consecuencia la vulneración a sus derechos humanos.

Verbigracia, el caso abordado donde la efectividad del derecho humano a la educación inclusiva para un menor con TEA se alcanzó mediante la judicialización, es decir, exigiendo ante un órgano jurisdiccional que las autoridades educativas estatales competentes cumplieran con lo establecido en las normas jurídicas.

Objetivo

La intervención jurídica se propuso que las autoridades educativas garantizaran, en el ámbito de sus competencias, el derecho humano a la educación inclusiva para un menor con TEA en el municipio de Yecuatla, Veracruz, México; toda vez que su derecho, al estar reconocido en normas locales, nacionales e internacionales aplicables, deriva en obligaciones para el Estado, como asegurar un sistema de educación inclusivo en todos los niveles.

Metodología

Se determinó que el derecho humano referido, junto con otros subderechos, considerando la interdependencia e indivisibilidad de dichas prerrogativas, resultaban conculcados, al no existir las condiciones mínimas para favorecer la inclusión educativa del menor con TEA en la institución pública de educación secundaria disponible y asequible a sus condiciones económicas y familiares. Bajo este panorama, la estrategia se basó en la incoación del mecanismo jurisdiccional por excelencia, en México, para la protección y tutela de derechos humanos, el Juicio de Amparo Indirecto, para exigir y garantizar la educación inclusiva a través de la adopción de medidas que transformaran la práctica educativa.

Resultados

Tras la secuela procesal, el órgano jurisdiccional concedió el amparó al menor citado contra las omisiones de las autoridades educativas, ordenándoles asegurar educación inclusiva mediante ajustes que respondieran a sus capacidades y necesidades; entre otros, adscribir al plantel educativo público a un maestro sombra que lo acompañe en la jornada escolar hasta que concluya la educación secundaria, cuyo salario será a cargo del propio Estado y no de sus padres, como ocurre en instituciones educativas particulares.

Discusión

Se estima que, si bien la inclusión educativa debe originarse desde los actores educativos en el contexto inmediato; también, en determinadas circunstancias, se requieren de acciones que exijan a las autoridades a favorecerla, pues es el Estado el principal responsable de propiciar las condiciones para el ejercicio del derecho a la educación, bajo un enfoque de inclusión.

Conclusiones

La judicialización de la educación inclusiva como derecho humano y la obtención de sentencia, además de resolver la problemática, sentó precedente para que más personas con TEA u otra condición, exijan a las autoridades competentes su garantía y efectividad, ya que, no se trata de una dádiva, sino del ejercicio pleno y materialización de los derechos humanos, especialmente para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Palabras clave

Derecho a la educación inclusiva Derechos humanos Judicialización Trastorno de Espectro Autista

Firmantes

Los autores de la ponencia

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César Fabián Reyes Hernández

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Carlos Ruz Saldívar

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Ramar Mendoza Díaz

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