CONSIDERACIONES SOBRE EL DELITO DE MEDIO AMBIENTE REGULADO EN ARTÍCULO 325C.P: ¿ES UN DELITO DE RESULTADO O DE PELIGRO?

Enfoque

I.INTRODUCCIÓN

La protección penal del medio ambiente se regula en el Capítulo III del Título XVI del Código Penal de 1.995, título que fue profundamente modificado por LO 5/2010 de 22 de junio y desde entonces el título se denomina: <<De los delitos a la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente>>.

 

 En este delito, el bien jurídico es colectivo, puesto que el sujeto pasivo es la sociedad en conjunto, lo que supone un delito de carácter público, lo que conlleva en el ámbito procesal la defensa por el Ministerio Fiscal como parte activa en los procesos penales sobre medioambiente, sin perjuicio de que los ofendidos por el delito pueden personarse como acusación particular y conforme art.125 de la Constitución es posible ejercitar la acción popular por quienes defiendan valores ecológicos de la sociedad.

 

                                                           OBJETIVOS.

Se trata de averiguar sí el artículo 325 del Código Penal, puede dar respuesta a agresiones ambientales de carácter grave y sí la práctica judicial permite aplicar los preceptos penales a supuestos relevantes.

                                               METODOLOGÍA

Estudio realizado a través de Legislación, Bibliografía y Jurisprudencia.

                                               DISCUSIÓN

Se exige que las conductas típicas puedan <<perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales>>, lo que resulta difícil de probar y desde esta perspectiva, la doctrina penal mantiene diversas teorías, para fijar la naturaleza de dicho peligro, así por concepto de peligro, se entiende el estado de las cosas conforme el cual es previsible la producción de un acontecimiento que, concretamente consiste en la lesión de un bien jurídico, pero no distingue entre peligro concreto y abstracto.

 

RESULTADOS

La jurisprudencia considera que debe configurarse como un peligro hipotético, a medio camino entre el peligro concreto y el peligro abstracto.

 

En el delito de medio ambiente, se requiere demostrar que cabe imputar al concreto resultado material causado, la posibilidad de un grave perjuicio al equilibrio de los sistemas naturales y, después realizar el juicio de peligro, lo que implica que, la prueba de la relación entre el resultado y el peligro grave al medio ambiente ha de basarse en un juicio de imputación sobre dicho riesgo, y  por ello, interviene el Ministerio Fiscal.

 

                                               CONCLUSIONES

Al ordenamiento jurídico le corresponde una función esencial en la protección y salvaguarda de la naturaleza que le sea compatible con el avance y el desarrollo de la sociedad, lo que, se configura como desarrollo sostenible.

 

 El art.45 de la Constitución reconoce el derecho de los ciudadanos a disfrutar de un medio ambiente adecuado. Por ello existen acciones protectoras tanto en el ámbito de Derecho Administrativo como en el ámbito de Derecho Penal, así para determinar en qué supuestos ha de acudirse a la vía penal y qué conductas son susceptibles de mera sanción administrativa, ha de regir el principio de intervención mínima, por lo tanto, únicamente se acudirá al Derecho Penal cuando se trate de los ataques más intolerables.