Prácticas emergentes de gobernanza de la educación. El caso de la Nueva Educación Pública de Chile

Enfoque

Chile ha iniciado una reforma a gran escala denominada Nueva Educación Pública. En ella se está transformando la institucionalidad de la administración de la educación pública, que era gestionada desde los municipios y que está traspasándose a los “Servicios Locales de Educación” (SLEP), entidades totalmente nuevas en el sistema, que trabajan exclusivamente en el sector educativo, con escuelas de propiedad estatal.

Esta reforma empezó a implementarse como respuesta a un conjunto de problemas que tenía la educación municipalizada, que era parte de otra gran transformación educativa implementada durante la dictadura, la que tenía un claro foco neoliberal.

La Nueva Educación Pública ha estado rodeada de grandes expectativas, sin embargo, la novedad del sistema implica grandes desafíos institucionales, normativos y de gestión. Los SLEP tienen la misión de liderar una educación pública pertinente territorialmente, promoviendo el desarrollo de redes y en vínculo con actores y organismos involucrados. Por ello, un aspecto que se presenta como objetivo es que los SLEP sean el nodo de una nueva gobernanza del sistema educativo en el nivel intermedio. Para ello, requieren contar con la participación activa de la comunidad, razón por la que la Ley define la existencia de dos órganos que la representan: los Comités Directivos Locales y los Consejos Locales de Educación. Los primeros, tienen como tarea principal “velar por el adecuado desarrollo estratégico del Servicio, por la rendición de cuentas del Director Ejecutivo ante la comunidad local, y contribuir a la vinculación del Servicio Local con las instituciones de gobierno, de las comunas que componen el Servicio Local y de la región a la que pertenece”. Están compuestos por representantes del territorio, de los centros de padres y apoderados y del gobierno regional.

Al ser nuevos, tanto los SLEP como los Comités Directivos, la forma en que se genera su vínculo solo está definida por lo que indica la Ley y su reglamento. Esto implica que es necesario construir un vínculo que permita, tanto la colaboración, como el control del trabajo de los SLEP, por parte de los comités directivos. Por ello, es de relevancia reconocer la manera en que en esas instancias se produce la relación de rendición de cuentas entre las partes involucradas.

Existen experiencias en el mundo que aluden a este tipo de vínculo. Hevia y Vergara (2019) conceptualizan este vínculo, al hablar sobre el accountability social educativo. Este se caracteriza por la existencia de un diseño orientado a la vigilancia y monitoreo de instituciones estatales, en que éstas a su vez dispongan de capacidades para interactuar con la sociedad

En este estudio se analiza la visión de representantes de los Comités Directivos respecto de su rol y del proceso de rendición de cuentas que debe existir para favorecer una gestión educativa que favorezca el desarrollo de los establecimientos educacionales.

Metodología

Se adaptó el cuestionario sobre Instancias Públicas de Deliberación (Hevia, et. al, 2009), orientado a caracterizar a órganos de representación de la sociedad civil que se vinculan con determinadas políticas o ámbitos de interés público. El objetivo era, por un lado, conocer quiénes conforman y cómo se organizan los Comités Directivos Locales. En segundo lugar, se buscó identificar cuáles son las responsabilidades que estos órganos priorizan, qué responsabilidades tienen los SLEP respecto de ellos y cómo esperan que se desarrollen los procesos de apoyo y rendición de cuentas.

Los resultados del estudio dan cuenta que los comités directivos aún no logran instalarse en propiedad. Si bien reconocen sus principales tareas -aspecto que indica la norma-, no se visualiza con claridad la existencia de una visualización del vínculo que deben establecer con los SLEP. Asimismo, se observa confusión en relación al vínculo que deben realizar para cumplir sus funciones de control y rendición de cuentas. Lo anterior da pie a un conjunto de recomendaciones que permitan que estos órganos puedan cumplir con las expectativas que existen sobre ellos, así como para modelar una gobernanza eficaz y eficiente de la educación pública de Chile.